A lo largo de gobiernos anteriores, y especialmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), dirigentes políticos del Partido Colorado, que respaldó a ese régimen, y funcionarios allegados a las estructuras de poder, fueron beneficiados de esa forma.
Las denuncias de la intervención del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra vuelven a salir a la luz por un proyecto presentado por Federico Franco, quien ocupa la presidencia de la República tras la destitución de Lugo y busca vender esos terrenos a sus actuales ocupantes.
El plan fue rechazado por las organizaciones campesinas, las cuales plantean la recuperación por el Estado de las tierras y su distribución entre las necesitadas familias de "carperos".
El diario Ultima Hora recordó que la intervención detectó muchos miles de hectáreas de tierras estatales, entre ellas las situadas en la zona de Amambay, entregadas a políticos, funcionarios y hasta narcotraficantes y convertidas en grandes estancias.
Uno de los casos más destacados es el de las tierras de Antebi Cué, en la zona de Amambay, las cuales el Estado adquirió del empresario Roberto Antebi para destinarlas a la reforma agraria.
La investigación realizada el año pasado demostró que la mayor parte de ellas estaban convertidas en estancias en manos de particulares, entre ellos el diputado del Partido Colorado Magdaleno Silva, quien tiene ahora una propiedad de mil 395 hectáreas.
De acuerdo con el informe divulgado, el funcionario aduanero Ricardo Sanabria recibió 300 hectáreas y las convirtió en una hermosa estancia con el sugerente nombre de Salmo 23 y muy cerca es propietario de otra un narcotraficante de origen brasileño.
Finalmente, otro botón de muestra se encuentra en la zona del Chaco donde el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, del partido Liberal y la familia Sánchez Benegas, de militancia colorada, son propietarios de miles de hectáreas, parte de ellas ni siquiera pagadas.
