De acuerdo con su base de datos, la dependencia concluyó con 84 de estos expedientes y en 63 casos hubo un funcionario sancionado.
Sin embargo, existen 21 casos en los cuales no hubo sanción y 23 denuncias aún siguen en proceso.
La mayoría de estas denuncias contra servidores públicos son iniciadas por ciudadanos debido a la falta de atención a una respuesta o a una solicitud de información presentada.
De acuerdo con esta base de datos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una de las dependencias que contó con una denuncia en su contra, en 2004, y aunque el expediente ya se revisó, éste no concluyó con ninguna sanción en contra.
El ISSSTE, el IMSS, la Policía Federal y Petróleos Mexicanos son las dependencias gubernamentales que cuentan con el mayor número de expedientes.
Las sanciones de la (SFP) van desde una amonestación, ya sea en público o en privado, una sanción económica, suspensión e inhabilitación.
En el Reporte de Servidores Públicos Sancionados, la dependencia a cargo de Rafael Morgan Ríos no explica a detalle el tipo de falta en la que incurrieron los servidores públicos para ser merecedores de las sanciones referidas en el listado.
En dicho documento sólo se incluye el nombre, el número de expediente, la dependencia a la que pertenecen, la resolución emitida y el cargo que ostentaban cuando cometieron la falta.
Llama la atención que la mayoría de los sancionados es personal que estaba como "encargado de despacho" o era "apoyo administrativo" en la Unidad de Enlace, área encargada de proveer y entregar la información y al mismo tiempo, de pedirla al área encargada dentro de cada secretaría o dependencia.
Incluso uno de los servidores públicos sancionados por la Función Pública y que trabajaba en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Francisco Jesús Ontiveros López, tenía como máximo nivel de estudios el bachillerato y según su cargo era "Investigación de Quejas y Denuncias".
Sin embargo, quedan pendientes las sanciones por imponer contra los funcionarios que se han negado en reiteradas ocasiones a entregar información relacionada con los créditos fiscales cancelados por el SAT y que a pesar de que el IFAI ha ordenado su entrega, estos documentos aún no han sido publicitados, incurriendo en desacato frente a una resolución del órgano garante.
(El Universal)
