La reforma retomó el recuento de casillas y planteó dar respuesta a dos problemas: el dinero y "el uso y abuso de los medios de comunicación".
Según la exposición de motivos de la reforma se requería "disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales" y eliminar "el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales".
Se modificó el esquema de acceso a tiempos en radio y televisión para partidos y candidatos, quedó prohibida la compra-venta de espacios en estos medios para hacer campañas a favor o en contra de algún partido o candidato.
Además, se dotó de 53 nuevas atribuciones al IFE, se creó una Unidad de Fiscalización autónoma, se acortaron las campañas, se regularon las precampañas, se permitió el recuento de votos y se propició la renovación escalonada de consejeros electorales, entre los temas más relevantes.
En total, se aprobaron modificaciones a nueve artículos constitucionales y se hicieron ajustes a seis leyes federales: el Cofipe, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Fiscal de la Federación.
La reforma preveía que todas las adecuaciones se hicieran en 30 días, sin embargo, de las 17 leyes que requerían modificación o creación 11 quedaron pendientes, pues el Congreso no alcanzó acuerdos, obligando al IFE a implementar esquemas de operación.
Más allá de la diversidad de cambios, la prohibición de contratar espacios en radio y televisión para hacer campaña fue uno de los puntos controversiales de la reforma.
Se presentaron decenas de amparos contra esta modificación, además de que televisoras y radiodifusores se manifestaron en contra de la misma.
Se dijo que la norma limitaba la libertad de expresión. Aunado a lo anterior, se agregó al debate la prohibición de campañas negativas y denostativas.
Los amparos fueron desechados y la reforma se fue implementando. Con demoras, se renovó a seis consejeros electorales; a los primeros tres, en 2008, con dos meses de retraso; los siguientes tres, a finales de 2011, con una dilación de 14 meses.
La falta de consenso en la Cámara de Diputados propició que los tres nuevos consejeros asumieran sus cargos cuando el proceso electoral ya había arrancado, el 7 de octubre de ese año.
Los cambios que forman parte de la reforma política, algunos de ellos de carácter electoral, continuaron de 2007 a la fecha y apenas el 18 de julio la Comisión Permanente del Congreso realizó la Declaratoria de Aprobación de la Reforma Política.
Dicha reforma permite las candidaturas ciudadanas, además prevé la posibilidad de que el presidente de la República rinda protesta ante las mesas directivas del Poder Legislativo o ante el presidente de la Corte.
También admite la consulta popular, la iniciativa preferente presidencial. El miércoles pasado el presidente Felipe Calderón firmó el decreto de dicha reforma.
A pesar de las modificaciones y adecuaciones aprobadas por todos los partidos políticos en 2007, tras el proceso electoral 2012 volvieron a resurgir los conflictos y nuevamente el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, denuncia flujo ilegal de dinero durante la campaña.
En medio de un conflicto poselectoral en 2012, aunque se reconocen aspectos funcionales de la reforma de hace cinco años ya se plantean ajustes a la norma.
Enfoque consultó a los analistas Jorge Alcocer, María Amparo Casar, Jaime Sánchez Susarrey; a los ex presidentes del IFE Luis Carlos Ugalde y José Woldenberg; a Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE; a Arturo Escobar, senador del PVEM; a Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE, y a Carlos Navarrete, senador del PRD, además al consejero electoral Lorenzo Córdova, y puso a su evaluación la reforma 2007 y los aspectos a renovar.
Entre los consultados, todos critican la "spotización" y coinciden en que funcionó el recuento de votos, en que el IFE no tenga como barrera los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
Todos reconocen que resultó favorable que los partidos políticos aparecieran de manera independiente en las boletas electorales, aspecto que para Alcocer, Casar y Ugalde generó confusiones entre los votantes.
Para Carbajal, Escobar, Sánchez Susarrey y Ugalde, la prohibición de comprar tiempos en radio y televisión generó un mercado de acuerdos por debajo de la mesa entre partidos y concesionarios; Escobar y Sánchez Susarrey se pronuncian por modificar el esquema de acceso a radio y televisión: el primero por permitir que una parte del presupuesto de los partidos se destine a comprar espacios y el segundo por regresar al esquema previo, además es el único que sostiene que la reforma vulnera la libertad de expresión.
La experiencia de 2012 servirá para buscar que los partidos no hagan uso de recursos económicos no reportados al IFE y combatir el clientelismo.
El consejero Lorenzo Córdova, quien vislumbra un libro blanco sobre la implementación de la reforma electoral, sintetiza y enfoca los ajustes a la norma electoral.
"La nueva generación de reformas viene a fortalecer esto que ha sido el tema de discusión estas semanas, es decir, la posibilidad de que se creen mecanismos de auditoría más sofisticados, y que apueste por una lógica preventiva y no una lógica de revisión ex post.
El gran dilema que enfrentamos es el tema de la rendición de cuentas", señala.eforma se requería "disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales" y eliminar "el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales".
Se modificó el esquema de acceso a tiempos en radio y televisión para partidos y candidatos, quedó prohibida la compra-venta de espacios en estos medios para hacer campañas a favor o en contra de algún partido o candidato.
Además, se dotó de 53 nuevas atribuciones al IFE, se creó una Unidad de Fiscalización autónoma, se acortaron las campañas, se regularon las precampañas, se permitió el recuento de votos y se propició la renovación escalonada de consejeros electorales, entre los temas más relevantes.
En total, se aprobaron modificaciones a nueve artículos constitucionales y se hicieron ajustes a seis leyes federales: el Cofipe, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Instituciones de Crédito y el Código Fiscal de la Federación.
La reforma preveía que todas las adecuaciones se hicieran en 30 días, sin embargo, de las 17 leyes que requerían modificación o creación 11 quedaron pendientes, pues el Congreso no alcanzó acuerdos, obligando al IFE a implementar esquemas de operación.
Más allá de la diversidad de cambios, la prohibición de contratar espacios en radio y televisión para hacer campaña fue uno de los puntos controversiales de la reforma.
Se presentaron decenas de amparos contra esta modificación, además de que televisoras y radiodifusores se manifestaron en contra de la misma.
Se dijo que la norma limitaba la libertad de expresión. Aunado a lo anterior, se agregó al debate la prohibición de campañas negativas y denostativas.
Los amparos fueron desechados y la reforma se fue implementando. Con demoras, se renovó a seis consejeros electorales; a los primeros tres, en 2008, con dos meses de retraso; los siguientes tres, a finales de 2011, con una dilación de 14 meses.
La falta de consenso en la Cámara de Diputados propició que los tres nuevos consejeros asumieran sus cargos cuando el proceso electoral ya había arrancado, el 7 de octubre de ese año.
Los cambios que forman parte de la reforma política, algunos de ellos de carácter electoral, continuaron de 2007 a la fecha y apenas el 18 de julio la Comisión Permanente del Congreso realizó la Declaratoria de Aprobación de la Reforma Política.
Dicha reforma permite las candidaturas ciudadanas, además prevé la posibilidad de que el presidente de la República rinda protesta ante las mesas directivas del Poder Legislativo o ante el presidente de la Corte.
También admite la consulta popular, la iniciativa preferente presidencial. El miércoles pasado el presidente Felipe Calderón firmó el decreto de dicha reforma.
A pesar de las modificaciones y adecuaciones aprobadas por todos los partidos políticos en 2007, tras el proceso electoral 2012 volvieron a resurgir los conflictos y nuevamente el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, denuncia flujo ilegal de dinero durante la campaña.
En medio de un conflicto poselectoral en 2012, aunque se reconocen aspectos funcionales de la reforma de hace cinco años ya se plantean ajustes a la norma.
Enfoque consultó a los analistas Jorge Alcocer, María Amparo Casar, Jaime Sánchez Susarrey; a los ex presidentes del IFE Luis Carlos Ugalde y José Woldenberg; a Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE; a Arturo Escobar, senador del PVEM; a Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE, y a Carlos Navarrete, senador del PRD, además al consejero electoral Lorenzo Córdova, y puso a su evaluación la reforma 2007 y los aspectos a renovar.
Entre los consultados, todos critican la "spotización" y coinciden en que funcionó el recuento de votos, en que el IFE no tenga como barrera los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
Todos reconocen que resultó favorable que los partidos políticos aparecieran de manera independiente en las boletas electorales, aspecto que para Alcocer, Casar y Ugalde generó confusiones entre los votantes.
Para Carbajal, Escobar, Sánchez Susarrey y Ugalde, la prohibición de comprar tiempos en radio y televisión generó un mercado de acuerdos por debajo de la mesa entre partidos y concesionarios; Escobar y Sánchez Susarrey se pronuncian por modificar el esquema de acceso a radio y televisión: el primero por permitir que una parte del presupuesto de los partidos se destine a comprar espacios y el segundo por regresar al esquema previo, además es el único que sostiene que la reforma vulnera la libertad de expresión.
La experiencia de 2012 servirá para buscar que los partidos no hagan uso de recursos económicos no reportados al IFE y combatir el clientelismo.
El consejero Lorenzo Córdova, quien vislumbra un libro blanco sobre la implementación de la reforma electoral, sintetiza y enfoca los ajustes a la norma electoral.
"La nueva generación de reformas viene a fortalecer esto que ha sido el tema de discusión estas semanas, es decir, la posibilidad de que se creen mecanismos de auditoría más sofisticados, y que apueste por una lógica preventiva y no una lógica de revisión ex post.
El gran dilema que enfrentamos es el tema de la rendición de cuentas", señala.
(Octavio Ortega /Agencia Reforma)
Opiniones de Lectores
Leyes Liz Sánchez , 21/08/2012 12:32 [+0] Es cierto que las leyes no son perfectas, por eso es importante reconocer qué funciona, qué no, y cambiarlo, ya que es posible tener un mejor sistema que favorezca a la democracia.
Me alegra que el PVEM también haga su trabajo legislativo, así se que ellos sí funcionan en las Cámaras.
Alerta al Moderador [ responder ] no pueden burlas te de la reformas a la ley del IFE o si. ala , 13/08/2012 19:37 [+0] es hora de que nos demos cuenta de que no pueden los politicos y los medios de comunicacion, burlarce de la gran cantidad de jente que quiere un cambio, a una solida demorecios y aun estando ya con las modificaciones en la constitucion las instituciones no las respetan y pasan sobre ellas sin importar los daños.
Alerta al Moderador [ responder ]
