CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En entrevista con Luis Carlos Córdoba Rubio, informó que estos procedimientos son un trámite que se ejecuta todos los días y no nada más en Tamaulipas, sino en todo el territorio nacional cuando el acreditado ha dejado de pagar y presenta problemas extremos de deuda.
Negó que estos desalojos sean arbitrarios, ya que cuando se ejecuta una acción de esta naturaleza es porque se han agotado todas las formas de requerimiento para que el acreditado cubra su adeudo.
El funcionario federal aseguró que ese instituto busca brindar alternativas de solución a los acreditados que por diversos motivos no tienen el dinero para hacer frente a los pagos de sus créditos hipotecarios.
Dijo que hay unos 40 esquemas de apoyo a los cuales se puede acoger el trabajador para reestructurar su adeudo y conserven su vivienda, sólo que la gente con problemas de este tipo no se acerca ni busca resolver su situación.
Reconoció que para los gobiernos es un tema muy sensible la pérdida de vivienda de un trabajador, sólo que al Infonavit no le corresponde atender esa demanda social y en todo caso, les toca a las autoridades de promoción de la vivienda trabajar en programas de impacto a favor de que la población cuente con la seguridad de un patrimonio de esta naturaleza, tanto para él como para su familia.
Reiteró que los desalojos no son medidas arbitrarias, ya que la viabilidad del Infonavit y el cumplimiento de otorgar créditos y pagar rendimientos al ahorro de los trabajadores, depende de una correcta administración y con apego a derecho de su cartera de créditos.
Córdova Rubio señaló que por ello se trabaja de manera permanente para contar con mecanismos que permitan la recuperación de los créditos sin perder de vista el carácter social del Instituto, según dijo.
El propio Infonavit establece que hay sanciones para los despachos de cobranza y los asesores o promotores de solución, en caso de cobros indebidos, errores u omisiones operativas en la formalización de convenios de reestructura, procesos iniciados de manera inadecuada, gestiones de cobro fuera de horarios establecidos o valiéndose de amenazas.
En estos casos, los despachos deberán compensar económicamente a los acreditados que hayan sido afectados, ofrecer una disculpa y asumir costos administrativos.
La compensación económica podrá ir desde una mensualidad hasta el pago de todos los omisos, es decir de la deuda, al momento de que se presente la queja o denuncia.
Además, los despachos pueden ser sancionados con el retiro temporal del 50 por ciento de la cartera asignada, la suspensión de labores durante seis meses hasta la cancelación del contrato.
El grado de castigo va a depender de lo grave de la falta que se co en contra del acreditado, así como de la recurrencia de la misma.
Opiniones de Lectores
QUE COSAS!!! la tia , 12/09/2012 17:59 [+4] VENGANSE A NUEVO LAREDO, HAY MUCHA CASA ABANDONADA QUE NADIE RECLAMA
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