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El año electoral 11/01/2008
Esas reformas fueron impulsadas originalmente por los senadores Roberto Pérez de Alva Blanco y Tomás Vázquez Vigil, ambos dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y cercanos a Elba Esther Gordillo; el segundo incluso fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización.
En 2007, el investigador Pablo Lapatí Sarre, quien forma parte del Observatorio Ciudadano de la Educación , agrupación de la sociedad civil en la que participan expertos en la materia, escribió que entre otros de los factores que confluyeron para que se formalizara dicha obligatoriedad destaca que ésta “implicará la creación de nuevas plazas, y por tanto la ampliación de la membresía sindical y la consecuente construcción de alianzas políticas con los grupos regionales del SNTE”.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), en el ciclo escolar 2000-2001, antes de que se estableciera la disposición mencionada, el número de infantes inscritos en preescolar era de 3 millones 423 mil 608 niños; para el ciclo 2004-2005, cuando se hizo obligatorio el tercer grado, la matrícula creció a 4 millones 86 mil 800 y la población total cuyas edades oscilaban entre los 3 y 5 era de 6 millones 360 mil 100 niños.
Así, el crecimiento previsible en la matrícula implicaba la contratación de por lo menos 120 mil profesores más. En septiembre de 2007 el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, declaró que para atender el 100% de la demanda de preescolar deberían crearse 62 mil nuevos grupos y contratarse a los maestros que fueran necesarios.
Durante 2007, en varios estados las autoridades advirtieron que sería imposible atender realmente al 100% la demanda educativa y comenzaron a hablar de un “rezago educativo temprano”; esto es, que algunos niños no podrán ingresar oportunamente a cursar su educación básica. Así, una medida que pretende disminuir la desigualdad en la atención de la primera infancia mexicana se convierte en un agravante, pues la niñez que no puede ser atendida es precisamente la que se encuentra en las zonas más desprotegidas del país.
En septiembre de ese año, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, instancia que agrupa a todas las autoridades estatales y nacional de educación básica, advirtió que en el ciclo escolar 2008-2009 se dejará sin atención a más de un millón de infantes de tres años; por lo mismo, tres años después se acentuará el “rezago educativo temprano”, puesto que esos menores no podrán acreditar el prerrequisito para ingresar a primaria.
El 31 de enero pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo de la SEP en el que esta dependencia proponía que la preinscripción al segundo y tercer grado de preescolar se realizara del 1 y al 15 de febrero, y anotaba que la entrega de solicitudes al primer grado sería del 2 al 13 de junio. Unos días después, el 4 de febrero, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, acordó pedir a la SEP aplazar el período de preinscripciones.
El 20 de mayo, 13 días antes de que iniciara la preinscripción al primer grado, el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, declaró a Reforma que se requerían 17 mil millones de pesos adicionales para atender la demanda educativa; incluso dijo que para evitar el “rezago educativo temprano” se tomarán medidas administrativas, como no exigir a los infantes que no cursaron el primer año en el próximo ciclo escolar como prerrequisito para inscribirse en el segundo año en el siguiente ciclo.
La atención a la primera infancia (desde el nacimiento hasta los 6 años de edad) se ha vuelto prioritaria en todo el mundo y los beneficios de la política educativa están ampliamente documentados. Sin embargo, sólo México establece en sus leyes la obligatoriedad de los tres grados de educación preescolar a partir de los tres años de edad. En Perú también se instituyó, a partir de 2004, un mecanismo similar pero las autoridades se cuidaron de no considerarlo prerrequisito sino hasta lograr universalizar dicha cobertura. Por otra parte, la atención a la primera infancia de acuerdo con las prácticas internacionales debe ser integral; es decir, abarcar al menos educación, salud, nutrición y el desarrollo emocional de los infantes.
En México, a pesar de que el gobierno de Calderón impulsa diversos programas aislados, como el Seguro para una Nueva Generación y las guarderías infantiles, además de que tiene que aplicar esta reforma educativa, no existe una política integral de atención a la primera infancia. Pero lo peor es que en este caso la educación preescolar, el remedio puede convertirse en el problema, pues la incapacidad para atender al 100% de la demanda puede provocar más desigualdad, en vez de atenuarla, al provocar este “rezago educativo temprano”.
