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MÉXICO.- Organizaciones civiles, instancias del gobierno federal y el Senado de la República negocian la construcción de un instituto de observación ciudadana, con una estructura similar a la del IFAI, que evaluará el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad.
La nueva instancia, cuyo estatus jurídico se encuentra a discusión, podrá emitir recomendaciones que obligarán a las diversas instancias de los gobiernos federal, estatal y municipales a tomar medidas para el combate a la delincuencia y el freno a la impunidad.
Ayer, representantes del Movimiento Iluminemos México entregaron al Presidente Felipe Calderón la propuesta formal para crear el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y la Seguridad Pública.
La meta es que esta institución complemente las acciones del Observatorio Ciudadano para dar seguimiento a las acciones gubernamentales contra el crimen.
En entrevista, el ex presidente del Senado, Santiago Creel, explicó que el instituto no concentrará más burocracia, sino técnicos especializados en materia de seguridad, encabezados por un conjunto de ciudadanos con un perfil determinado y cuya designación se mantendrá al margen de los intereses partidistas.
"Está por definirse si la cabeza del instituto será unipersonal o colegiada, pero lo que no vamos a permitir es que quieran colarse actores advenedizos, en busca de chambismo o que quieran colarse en aras del protagonismo.
"Se está pensando en alejarlo del interés de los partidos, puede ser una terna propuesta por el Ejecutivo y votada por el Congreso. Pero se está pensando en una figura como el IFAI, que garantice autonomía presupuestal y en cuyo nombramiento exista un respaldo de la sociedad", señaló.
El senador del PAN informó las recomendaciones de la nueva institución serán públicas y servirán no sólo para señalar a los funcionarios responsables de fallas, irregularidades o violaciones a la ley, sino para detectar los huecos que presenta el sistema de seguridad y administración de justicia.
"Está por definirse si se trata de una institución que será creada por ley, pero el objetivo es que todas sus recomendaciones tengan algún tipo de efecto legal sobre las autoridades", dijo.
Por otro lado, Creel adelantó que además de vigilar el cumplimiento del Acuerdo, el observatorio podrá concentrar información relacionada con los delitos que muestren mayor incidencia en el País.
Para ello, no tendrá limitaciones de acceso a la información y podrá trabajar con datos que se consideran reservados por ley.
Detalló que la información podrá clasificarse por delito o por región, para dar seguimiento a casos concretos desde la denuncia, la averiguación previa, las aprehensiones, la sentencia, el cumplimiento de la pena y las fallas que se registren en el proceso.
"Se construirá un banco de datos nacional con información sobre los cuerpos policiacos de todos el País, sus historiales, antecedentes y calificaciones, pero también de las cárceles, los reos y sus expedientes", sostuvo.
Adicionalmente, podrá suscribir convenios con las organizaciones civiles que ya cuentan con estadísticas, avances, seguimientos e investigaciones concretas.
Según Creel, la intención es que el observatorio entre en funciones antes de que se cumplan los primeros 100 días de la firma del Acuerdo, para que inicie a tiempo sus funciones de evaluación.
(Agencia Reforma)
