Ponen bajo lupa cuentas de jueces


Unidades de la SHCP vigilarán a más de mil 200 jueces y magistrados, así como a unos 30 mil empleados del Poder Judicial para evitar corrupción


El Consejo de la Judicatura Federal firmó convenios con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SCHP. Foto: Archivo
| 06/08/2013

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CIUDAD DE MÉXICO.- La situación patrimonial de los juzgadores y del personal judicial en México está bajo lupa.

Las dependencias encargadas de prevenir el lavado de dinero y fraude fiscal, se acaban de sumar a la vigilancia sobre más de mil 200 jueces y magistrados federales y unos 30 mil empleados del Poder Judicial.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó en junio y julio convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y con el Servicio de Administración Tributaria, para hacer más ágiles las investigaciones de casos de posible corrupción.

En noviembre de 2011, el CJF firmó un acuerdo similar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero según fuentes judiciales, los resultados han sido escasos, tanto por trabas burocráticas como por el hecho de que las funciones de la Comisión no están enfocadas a la detección de delitos asociados con la corrupción judicial.

Las bases de colaboración con la UIF fueron firmadas el 11 de junio, y permiten al CJF tener contacto directo, vía correo electrónico, con la oficina que diariamente recibe y analiza miles de reportes sobre operaciones sensibles y sospechosas previstas en la nueva ley contra lavado de dinero que entró en vigor el 17 de julio, misma que obliga a bancos, casas de bolsa, agentes inmobiliarios, casinos, joyeros, empresas y profesionistas.

"Las partes se comprometen a generar grupos de trabajo a efectos de producir un intercambio de experiencias en el manejo, sistematización y control de la información, para el establecimiento de medidas y procedimientos para detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran prestar ayuda de cualquier especie para la comisión de delitos, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita", dice el convenio.

Así como el CJF podrá requerir información a la UIF, ésta podrá solicitarle datos sobre situación y evolución patrimonial del personal judicial y estadísticas y criterios de los tribunales en materia de lavado de dinero.

La UIF, que encabeza el ex procurador mexiquense Alberto Bazbaz, ha adquirido una relevancia central este año, al ser la encargada de armar las acusaciones en los dos casos penales más importantes del sexenio, contra la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y el ex Gobernador tabasqueño Andrés Granier.

El convenio con el SAT, en tanto, fue firmado el 9 de julio y es distinto al de la UIF, pues no establece la obligación de aportar información fiscal al CJF -que ya está prevista en la ley-, sino que contempla las formalidades de los requerimientos de información que presentará el órgano judicial.

"(En los formatos) se indicará la información requerida por parte del CJF, especificando si se trata de una declaración de impuestos, datos relacionados con el RFC, avisos y/o trámite realizados con contraseña", explica el convenio.

El objetivo es dar seguimiento al patrimonio de los jueces, el personal judicial, sus cónyuges y dependencias, y en su caso aplicar sanciones administrativas, a diferencia del convenio con la UIF, que está claramente encaminado a detectar delitos.





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